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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Noruega no reconoce pensiones de jubilación a nuestros trabajadores
del mar embarcados en sus buques hasta el año 1994 -más de 12.000,
según la asociación gallega Long Hope-, por carecer de la condición de
residentes mientras trabajaban allí, pagando sus impuestos. Su actual
desprotección se agrava por el hecho de que España no computa el
tiempo de embarque en dichos buques para el cálculo, aquí, de
prestaciones de seguridad social. Un grave problema de desamparo legal
reconocido por la Comisión Europea, que se ha desentendido del asunto
proponiendo un convenio bilateral de seguridad social entre España y
Noruega, pero siempre considerando que esta desprotección por falta de
residencia era legal antes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Desde luego, la respuesta sería distinta si se analizase la
residencia como requisito de afiliación al sistema noruego de
seguridad social desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
permite calificar como condición excluyente y discriminatoria haber
exigido la residencia para tal inclusión -también antes de 1994-,
vulnerando derechos fundamentales universalmente reconocidos, ya que
-reparando en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos- hay diferencia de trato discriminatoria por razón de
nacionalidad, al no exigirse la residencia, por el contrario, a los
nacionales noruegos empleados en los mismos barcos, sin que exista
justificación objetiva y razonable para ello.

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