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Ficha del libro

portada del libro
  • LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
    EL DERECHO DE LAS PERSONAS A SABER Y LA OBLIGACION DE DIFUNDIR IN

  • BLANES CLIMENT, MIGUEL ANGEL
  • ARANZADI
  • 2014
  • 01 ed.
  • Colección: ESTUDIOS

  • ISBN: 978-84-9059-397-4
  • EAN: 9788490593974

  • 736 páginas
  • RUSTICA

  • TEMA: DERECHO ADMINISTRATIVO


  • No disponible.
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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La experiencia adquirida por el autor -Doctor en Derecho-, durante sus
veinticuatro años como funcionario de distintas Instituciones
públicas -entre otras, letrado de la Diputación de Alicante y asesor
jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana- constituye
un excelente bagaje para escribir sobre «La transparencia informativa
de las Administraciones públicas. El derecho de las personas a saber y
la obligación de difundir información pública de forma activa». El
presente trabajo de investigación analiza la situación legal y
judicial existente en las principales democracias del mundo y en el
ámbito de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea. Se
trata, por tanto, de una poderosa herramienta para saber quién, cómo,
cuándo, dónde y a qué tipo de información financiada con fondos
públicos se puede acceder por parte de los ciudadanos. Y lo que es más
importante: qué recursos administrativos y judiciales se pueden
presentar cuando la información no es facilitada y cuáles son sus
consecuencias disciplinarias, patrimoniales y penales. El trabajo
examina con detalle la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así
como la normativa autonómica existente en la materia. Es objeto de
especial estudio el acceso a la información sensible: adjudicatarios y
coste final de los contratos públicos; datos urbanísticos y
medioambientales; presupuesto y cuentas públicas; sueldos, dietas y
viajes de los cargos electos y funcionarios; financiación de partidos
políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; listas de espera
sanitarias y de vivienda; beneficiarios de subvenciones; publicidad
institucional; los servicios públicos de interés general prestados por
entidades privadas
-telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales- y los
concesionarios de servicios públicos -agua, residuos, transporte,
sanidad- etc. La información que se resiste a ser publicada es toda
aquella que permite a los ciudadanos controlar la gestión de los
asuntos públicos, exigir la rendición de cuentas y denunciar casos de
despilfarro o corrupción. El autor acuña el lema: «la transparencia es
como la sinceridad: se exige la ajena y se limita la propia».