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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


En este trabajo se pone de manifiesto la pluralidad de conflictos
existentes en las relaciones laborales y la necesidad de tratarlos de
manera desigual puesto que la variedad de los mismos así lo requiere.
No se puede resolver de la misma forma un conflicto colectivo que uno
individual, ni tampoco un conflicto jurídico que uno de intereses. La
clasificación de los conflictos no siempre es clara y lleva implícita
el método de solución que se implementa en cada caso. Para ello, se ha
de partir de la situación actual del ordenamiento, de cómo aborda las
diferentes clases de conflictos colectivos e individuales para su
solución y la necesidad de acudir a las normas convenidas puesto que
ordenamiento remite a la negociación colectiva el establecimiento de
procedimientos de solución autónoma de conflictos derivados de los
acuerdos interprofesionales del art. 83 del ET.
En este análisis de los instrumentos de solución se han estudiado los
procedimientos de solución autónomos que se han desarrollado en las
distintas CC.AA. para demostrar el interés de los agentes sociales de
examinar y utilizar medios de solución distintos a los judiciales; no
por ser sustitutivos de estos, sino por conformarse como el cauce
adecuado para determinados conflictos que no se pueden o deben
resolver en dicha sede.
Tanto el ordenamiento legal como el convencional han apostado desde el
primer momento por la solución de los conflictos colectivos con las
consecuencias jurídicas que de ellos derivan. No obstante, surge la
necesidad de incorporar la solución de autónoma de los conflictos
individuales. Para probar este punto se han analizado los
procedimientos de solución autónomos contenidos en los acuerdos
interprofesionales de las distintas comunidades autónomas, donde se
puede ver con claridad la apuesta contenida de estos instrumentos para
resolver los conflictos individuales.
Estamos ante un nuevo reto en las relaciones laborales, donde se
incorporan nuevos instrumentos de gestión de los conflictos, donde
aparecen otros espacios de intervención en función de las
controversias que se pueden derivar y más sujetos susceptibles de
utilizar estos mecanismos, no sólo el empresario o el trabajador por
cuenta ajena en el ámbito de la empresa privada, sino también el
trabajador al servicio de la Administración pública, el trabajador
autónomo o los funcionarios públicos, como nuevo modo de administrar
los conflictos y siempre avalado por la Administración Pública,
poniendo a disposición de los interlocutores sociales las herramientas
existentes y la financiación necesaria para hacer realidad las
iniciativas convenidas