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Ficha del libro

portada del libro

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


"La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la
Administración de Justicia" es un libro en el que su autor, José Luis
Manzanares Samaniego, Consejero Permanente de Estado en la actualidad,
aborda con criterios teóricos y prácticos los numerosos problemas que
presenta esa específica parcela de la responsabilidad objetiva de las
Administraciones Públicas en relación con sus servicios. La Ley
Orgánica del Poder Judicial contiene una regulación particular que se
completa con la remisión a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y,
en su caso, al Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial,
aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
El Consejo de Estado informa preceptivamente todas las reclamaciones
patrimoniales a la Administración Central cuando superan los 6.000
euros, incluidas las provenientes del funcionamiento de la
Administración de Justicia. La Comisión Permanente del Consejo de
Estado se configura así como la mejor atalaya para conocer las
dificultades interpretativas con que tropiezan las disposiciones
legales y reglamentarias sobre la materia. Y el interés de sus
dictámenes aumenta por cuanto la resolución del Ministerio
correspondiente suele hacer suyo el parecer del máximo órgano
consultivo de la Administración del Estado. Véase el artículo 107 de
la Constitución.
El libro estudia con detalle la responsabilidad patrimonial por el
error judicial declarado previamente, por la prisión provisional
sufrida en determinados casos con posterior absolución o
sobreseimiento libre, y por el funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia fuera ya de su núcleo jurisdiccional
(retrasos y pérdida de objetos intervenidos, por ejemplo). El lector
no encontrará siempre una respuesta definitiva a sus preguntas, pero
sí, al menos, una valiosa exposición de los criterios defendidos por
el Tribunal Supremo y el propio Consejo de Estado. Y también, lo que
es más importante, cuáles son sus actuales posiciones respecto a
muchos de los problemas cuya resolución ha variado a lo largo de los
años.