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Ficha del libro

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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


El estudio de los recursos administrativos no ha merecido el interés
que presenta su enorme potencialidad jurídica al ser un instrumento
que permite a la Administración la anulación o reforma de actos, en
principio, inmodificables.

En nuestro Derecho el recurso administrativo cumple una triple
función: la de garantía de los administrados; la de instrumento de
fiscalización interna de la Administración y la de medio de
?administrativización? de relaciones jurídicas entre particulares.

Como garantía, con frecuencia, es la única a disposición de los
ciudadanos ya que su alternativa, la Jurisdicción contenciosa,
presenta graves inconvenientes que la transforman en un mecanismo
que no cubre la totalidad de las actuaciones administrativas.

Desde otra perspectiva, los recursos son un instrumento de control
jerárquico, función que se ha mantenido en nuestro ordenamiento, sin
interrupción y prácticamente sin cuestionamiento, hasta el momento
presente, como demuestra su pervivencia en la Ley 30/1992, pese a
efímeros cambios de denominación.

Como novedad el libro dedica una especial atención los recursos
administrativos como medio de administrativización de relaciones
jurídicas entre particulares. Nuestro ordenamiento jurídico ha
reconocido, tradicionalmente, la fiscalización por la Jurisdicción
contencioso-administrativa de actos de los particulares que tienen
atribuidos el ejercicio privado de funciones públicas. El modo de
transformar una actuación inter privatos en pública ha sido y sigue
siendo la interposición de un recurso administrativo ante la autoridad
de quien depende el servicio o actividad de interés general realizado
por un particular.

A las modalidades tradicionales de ejercicio privado de funciones
públicas (concesionarios y contratistas) se han añadido, en la
actualidad, la realización por los particulares de las denominadas
actividades ?liberalizadas?, que con anterioridad eran consideradas
como servicios públicos. Dichos servicios de interés general se
reconducen al ámbito administrativo y a su Jurisdicción a través de
mecanismos que, pese a la pluralidad de denominaciones y a las
notables especialidades, que presentan, constituyen recursos
administrativos especiales, resueltos por las denominadas
Administraciones reguladoras.

También, se ha atendido, con especial cuidado, las sucesivas
novedades introducidas en los recursos relativos a la contratación
administrativa, materia que tiende a ampliarse a relaciones en las que
no intervienen entidades públicas.

Todos estos aspectos han sido analizados a través de un profundo
análisis de la doctrina y de la jurisprudencia recaída sobre la
materia, que permite el conocimiento de numerosos e importantes
aspectos de la institución, que con anterioridad no habían s