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Ficha del libro

portada del libro
  • PRINCIPIO DE INTERPRETACION DE LA LEY SEGUN EL TRATADO SOBRE LAS
    LEYES DE RODRIGO DE ARRIAGA, EL

  • VELAZQUEZ CAMPO, LORENZO
  • EUNSA
  • 2012
  • 01 ed.
  • Colección: PENSAMIENTO MEDIEVAL Y RENACENTISTA 128

  • ISBN: 978-84-313-2841-2
  • EAN: 9788431328412

  • 268 páginas
  • RUSTICA

  • TEMA: SOCIOLOGIA


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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Rodrigo de Arriaga Mendo, filósofo y teólogo jesuita, nació en Logroño
en 1592, el 17 de enero, y falleció en Praga, el 7 de junio de 1662;
fue considerado un académico brillante y piadoso. En el curso 1624-25,
aceptó su nombramiento como profesor de la Universidad de Praga, de
la que llegó a ser Gran Canciller convirtiéndose en uno de los más
destacados filósofos jesuitas checos de su época. Sus Cursus
philosophicus se publicaron en 1632, reeditándose nueve veces. En
Hannover se encuentra un ejemplar del Curso que solía utilizar y citar
Leibniz también Descartes fue lector de Arriaga, tuvo una gran
influencia en la cultura checa a lo largo del siglo XVII, en autores
como el capuchino Valeriano Magni y el cisterciense Juan Caramuel de
Lobkowitz. Tuvo una actitud positiva respecto a Galileo, cuyas teorías
defendió hasta después de su condena oficial. En este trabajo se
ofrecen los textos que exponen los principios de interpretación de la
ley: las disputaciones V, VI, VII, VIII, XXVI, XXVII y XXVIII, que
forman parte del Tratado sobre las leyes en Disputationes theologicae
in primam secundae eiusdem sancti Doctoris (Amberes, 1644, 2
volúmenes). En el contexto ya lejano de la Escuela de Salamanca y ante
los nuevos retos de la modernidad que se le planteaban a Arriaga,
destacamos aquí, especialmente, el problema de la interpretación de la
ley, que podría entenderse como una teoría general de las normas y de
su carácter universal, pero, a la vez, como una teoría general de las
excepciones a la norma para que éstas sean juzgadas como legales y
legítimas en tanto que excepciones. Así, podrá verse cómo frente a la
«mala razón de Estado», puede existir una «buena razón de Estado» para
el caso y la excepción correspondiente; sólo es cuestión de darle la
cobertura jurídica que la legitime. Hablamos, pues, de una especie de
maquiavelismo reglado.