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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Miguel Muñoz Medina, en su extraordinario trabajo, proyecta, junto a
un meritorio rigor intelectual y académico, el resultado de una rica
experiencia acumulada durante su responsabilidad como Director General
de Tráfico y como presidente de la Fundación Mapfre de seguridad
vial. Es un convencido defensor del Estado de Derecho y de los
derechos y libertades individuales recogidos en nuestra Constitución
No es contrario a la intervención administrativa, ni a la existencia
de procedimientos administrativos sancionadores, distintos del
procedimiento penal. Pero como defensor irreductible de las garantías
constitucionales combate toda conducta transgresora de las mismas y se
opone a un procedimiento sancionador que las vulnere, limite o
condicione, directa o indirectamente.
En éste claro posicionamiento garantista, atribuye al Estado y a la
sociedad civil el papel y la exigencia de colaborar y de anticiparse
para tratar de prevenir los trágicos resultados de una política
meramente represora e intimidatoria, lo que califica como
"...necesidad de la interacción de esfuerzos por parte de la
Administración y de la sociedad civil", por cuanto que "la prestación
de servicios debe hacerse con criterios proactivos de
anticipación...no esperando a que la sociedad civil plantee su
demanda...".
Es un convencido y claro defensor del carácter rehabilitador y
preventivo del régimen sancionador, y por tanto, enemigo reconocido de
las medidas intimidatorias y recaudatorias, que con frecuencia suelen
acompañar a las que se suelen adoptar en relación con la seguridad
vial. Así, al defender el principio de la personalidad de la autoria
de la infracción y de la sanción, analiza con espíritu crítico la
figura del titular del vehículo como posible infractor "por no
identificación del conductor presuntamente infractor", figura novedosa
y sin precedentes en nuestro Derecho, anunciando, como proclama
inicial en tan novedoso asunto, su preocupación por que se sancione a
persona distinta de la infractora (responsabilidades subsidiaria y
solidaria).
Se posiciona contra el nuevo régimen sancionador de esta figura, por
cuanto impone al titular del vehículo la sanción de multa en función
de la cuantía que se habría impuesto al infractor, caso de haberse
conocido su identidad.
Igualmente muestra su preocupación y defiende sin fisuras el principio
de proporcionalidad de la sanción o de la pena y la necesidad de
garantizar la defensa del presunto infractor evitando los automatismos
en la aplicación de las mismas, razón por la que se muestra crítico
con el procedimiento, especialmente el abreviado, previsto en la
perdida del carnet por el novedoso sistema de puntos.
Parte de que la privación del permiso de conducir por puntos es un
verdadero acto de revocación y no una simple pérdida de vigencia, lo
que le lleva a la conclusión de que al suponer un limite (supresión,
en su opinión) de un derecho, dicha privación del permiso de conducir
debe ser considerada como un acto sancionador.
El autor analiza y estudia todos y cada uno de los capítulos de la ley
de seguridad vial, sin rehuir ninguna de las cuestiones que la misma
plantea o sugiere, y sin rechazo a dar su fundada y razonada opinión
sobre cada una de ellas. Cuestiones tan polémicas y controvertidas
como la conducción negligente o temeraria, o la velocidad excesiva
(¿limite de velocidad, o velocidad libre?), o la conducción etílica
(plantea un interesantísimo debate sobre donde debe estar el límite
entre el ilícito penal y la infracción administrativa, con referencia
a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no duda en
criticar con solventes argumentos), o los efectos y consecuencias de
la limitación de los medios de impugnación en manos de los
particulares, con especial referencia a la ficción que a su juicio
supone el recurso de alzada en la pérdida del carnet por puntos, o la
regulación del silencio del presunto infractor en la fase instructora,
que califica como un injustificado "allanamiento" y ante la que
reacciona con palabras certeras al señalar que "la privación de un
derecho no puede quedar sin ninguna posibilidad de defensa, por más
que el denunciado no haya hecho uso de su derecho a la defensa
durante la fase instructora del procedimiento", para finalizar con una
afirmación concluyente y que nos recuerda lo que señalábamos al
principio del prólogo: "La bajada del número de accidentes no lo
justifica todo".