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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Prol. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. En el Derecho urbanístico
conviven, al igual que sucede en otras materias, un núcleo central o
sustantivo #lo que podemos denominar como urbanismo stricto sensu# con
un haz de legislaciones que inciden en la regulación de este núcleo
central #lo que se va a denominar como periurbanismo estatal#. A
través de estas regulaciones sectoriales, que se solapan y entrecruzan
con la propiamente urbanística, el Estado logra imponer,
legítimamente, una serie de limitaciones y condicionantes al diseño
territorial, autonómico y local. Pero no debe vislumbrarse en esta
situación un entorpecimiento impuesto por el sistema al correcto
desarrollo de la competencia en materia urbanística. Al Estado, como
titular de la competencia en determinadas materias y, sobre todo, como
garante del interés general, debe corresponder una cierta capacidad
para, en pos de las citadas finalidades, asegurar una correcta
ordenación territorial y urbanística, en especial, de los bienes de su
titularidad. Esa capacidad de incidencia no constituye formalmente la
atribución de competencias urbanísticas a la Administración estatal o
la habilitación para que el Legislador estatal regule materias
propiamente urbanísticas. Es simplemente un reconocimiento para que
condicione dichas potestades, para que evite que, a través de
competencias tan amplias como son las relativas a la ordenación del
territorio y el urbanismo, queden sin efecto sus previsiones
sectoriales. En esta obra se han analizado los sectores más
significativos del dominio público del Estado con la finalidad de
destacar, precisamente, la existencia de una serie de mecanismos que
permiten al Estado incidir en la ordenación urbanística para la
necesaria coordinación de sus competencias con las de los demás Entes
territoriales. INDICE (Resumen): Lo sectorial y lo patrimonial en el
régimen urbanístico de los bienes públicos. Dominio público
marítimo-terrestre y urbanístico. La incidencia del dominio público p