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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La reforma operada por la L.O 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso
de casación, supone una verdadera revolución procesal, en la que la
admisión pasará a ser una decisión de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo basada en la existencia del denominado «interés casacional
objetivo», imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar
que en su caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que
la correcta invocación formal de cualquiera de ellas determine la
admisión del recurso, pues será en última instancia el Tribunal quien,
según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente
deban dar lugar a una interpretación uniforme. Consecuentemente, ello
va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no
se busque únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino
la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un
cambio de mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de
proteger y reparar, como primera prioridad, los derechos subjetivos de
los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico a
través de la formación de Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo,
sin menoscabo de la tutela judicial efectiva del recurrente.