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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La necesidad de fomentar el crecimiento económico condujo, a través de
los Acuerdos Schengen, a la supresión de las fronteras internas entre
los Estados signatarios para facilitar las transacciones comerciales
y el flujo de ciudadanos. Sin embargo, esta circunstancia, junto con
la progresiva extensión del Espacio Schengen, favoreció una más fácil
circulación del delito, haciéndose necesaria la adopción de medidas
compensatorias para garantizar la seguridad en este espacio común que
pronto se vería integrado en el Espacio de libertad, seguridad y
justicia.
Por otro lado, la protección de los intereses financieros
-inicialmente de las Comunidades y después de la Unión Europea- frente
al fraude ha dado lugar a una profusa actividad legislativa,
verdaderamente frenética, que está desembocando en la fijación de
pautas y parámetros que parecen señalar hacia la creación de un
proceso penal común. La actuación de la Unión Europea en esta materia
abarca la regulación de los derechos de las partes -sospechosos y
víctimas-, la armonización de legislaciones penales, la consagración
de actores jurídicos ya existentes -Eurojust, Europol y OLAF- e,
incluso, la creación de nuevos órganos, como la Fiscalía Europea, que
aglutinará las funciones investigadoras en el ámbito de la Unión
frente a las conductas defraudatorias.
En este contexto, la presente monografía se muestra como una reflexión
sobre la futura jurisdicción penal de la Unión Europea. Con este
objeto se ha analizado la evolución del Espacio de libertad, seguridad
y justicia y la política penal de la Unión, con objeto de ofrecer una
visión lo más global posible no sólo del camino que ya se ha
recorrido, sino del sentido que ha tomado la actual política penal de
la Unión y que parece establecer los cimientos de una jurisdicción
penal común.

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