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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


El presente estudio, que actualiza el realizado por el autor con
motivo de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, aborda la encrucijada a la que puede verse arrastrado el
juez nacional como consecuencia de la diversidad de estándares de
protección garantizados por el catálogo interno de derechos
fundamentales, el Convenio Europeo de Derecho Humanos y la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A dicha encrucijada de
naturaleza sustancial, en la que se encontró el propio Tribunal
Constitucional español en el contexto de su primera cuestión
prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, habría que sumar otra,
procedimental o formal, vinculada a las distintas vías incidentales de
posible intervención, en el marco de un mismo proceso, de los
respectivos intérpretes supremos de dichos catálogos (i.e., cuestión
de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial europea y, tras la firma
en octubre de 2013 del Protocolo nº 16 del Convenio, opinión
convencional consultiva), que exige una metódica y diligente salida,
habida cuenta de que condiciona, en gran medida, el mayor o menor
grado de dificultad en la elección, por el juez ordinario, del
estándar de protección finalmente aplicable al litigio.