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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Con «Incompatibilidades de los funcionarios públicos» finaliza esta
colección de estudios sobre función pública iniciadas en 2007 y que
consta, finalmente, de VII volúmenes.
La Ley 7/2007, Disp. Final tercera, mantiene la vigencia de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre y su Reglamento RD 598/1985, de 30 de
abril, con leves modificaciones.
La obra recoge acuerdos dictados en atención de consulta por la
Comisión Superior de Personal, con eficacia jurídica general dentro de
la Administración General del Estado sobre dos criterios: como
plasmación del principio de jerarquía -art. 103.1º CE- que uniforma
interpretaciones sobre personal dada la naturaleza jurídica y
composición de la Comisión y sobre el principio del venire contra
factum proprio, nadie puede ir contra sus propios actos -art. 9.3º CE-
que garantiza la seguridad jurídica administrativa.
Se recogen dictámenes de la CSP y sentencias sobre los siguientes
colectivos:
- El personal civil y militar al servicio de la Administración del
Estado y de sus Organismos Públicos.
- El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus
Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
- El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los
Organismos de ellas dependientes.
- El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados
de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
- El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus
retribuciones mediante arancel.
- El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades
Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.
- El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho
público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten
ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros
ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
- El personal que preste servicios en Empresas en que la participación
del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones
Públicas sea superior al 50 por 100.
- El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones
financieras públicas.
- El restante personal al que resulte de aplicación el régimen
estatutario de los funcionarios públicos.
Se recogen además las prescripciones legales sobre personal sanitario,
ejercicio de la abogacía y procuraduría por funcionarios públicos y
las previsiones sobre Altos cargos de la Nación y Gobierno, Ley 5/2006
y RD 432/2009, así como las modificaciones operadas por la Ley 2/2011
de Economía Sostenible.
A título complementario se ha creído oportuno incluir el Acuerdo de 11
de julio de 2011, dictado en relación con el Reglamento 2/2011, de 28
de abril, de la Carrera Judicial.
En un escenario de crisis como el actual, se razona la causa de estas
incompatibilidades, que ha quedado ampliamente superado necesitando de
una acomodación más realista y congruente con unas pérdidas de poder
adquisitivo importantes. Restricciones retributivas que más persiguen
justificaciones notorias y artificiosas que acuerdos eficientes de
contención del déficit público