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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


El artículo 156 párrafo segundo del Código Penal regula la posibilidad
de que pueda pedirse autorización judicial para proceder a la
esterilización de un incapacitado. Esta regulación se contiene a
propósito de la tipificación del delito de lesiones. La misma plantea
el problema práctico de concretar qué personas pueden consentir su
propia esterilización ―sin que ello lleve aparejado reproche
penal―, y qué personas no pueden consentirla, aunque el juez sí
que pueda autorizarla. Estos problemas se dan en el caso de los
disminuidos psíquicos. En el trabajo se concreta si es preciso que
estas personas estén o no incapacitadas judicialmente, si deben ser
necesariamente mayores de edad y el tipo de enfermedad que deben
padecer para que la Jurisdicción pueda actuar autorizando su
esterilización. El estudio se completa con el análisis de los aspectos
objetivos relevantes, sobre todo, el referente a la proporcionalidad
de la medida. Al respecto, hay que tener presente que la
esterilización no debe acordarse si el objetivo que se persigue puede
lograrse con una medida menos gravosa y que no implique una injerencia
en el ámbito del derecho fundamental a la integridad física.Por otro
lado, en el estudio del procedimiento judicial que debe seguirse para
obtener la autorización, se presta especial atención a las garantías
que deben cumplirse. Entre las mismas, destaca la necesaria
intervención del Ministerio Fiscal, la de al menos dos especialistas y
que el juez deba reconocer al incapaz. En definitiva, se analiza en
profundidad el procedimiento judicial previsto para que el juez pueda
autorizar la esterilización de un disminuido psíquico, prestando
especial atención a la jurisprudencia generada en aplicación del
artículo citado.

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