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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Desde sus orígenes, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del
Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado
interior, ha provocado un intenso debate entre posiciones
confrontadas, que no se ha limitado a los tres años de negociaciones
que fueron necesarios para lograr su aprobación, sino que se ha
proyectado durante el laborioso proceso de puesta en marcha de sus
medidas por los Estados miembros de la Unión Europea. Muestra de la
complejidad de este proceso es que ha provocando un frenesí de
reformas legislativas, llegándose a hablar de más de 8.000 normas
modificadas.

La Directiva de Servicios, tras su aprobación en un contexto de
bonanza económica, debe aplicarse en una situación de crisis y
recesión económica con todas las disfunciones que ello supone. En este
marco, su transposición a nuestro ordenamiento jurídico ha resultado
un proceso complejo, tanto por las distintas Administraciones
implicadas como por su ámbito de aplicación. En cualquier caso, la
Directiva de Servicios representa numerosos desafíos y obliga a un
cambio cultural que comporta una profunda transformación de las
relaciones entre las Administraciones públicas y los ciudadanos para
facilitar el ejercicio de las libertades económicas. La necesaria
racionalización de los controles e intervención administrativa debe
ponderar también los diversos intereses públicos y privados en
presencia, asegurando al mismo tiempo una adecuada cohesión social y
territorial, que también es un objetivo de la propia Estrategia de
Lisboa.

Esta obra consta de dos partes fundamentales. En la primera, se
examina con carácter general el impacto de la Directiva en las
Administraciones públicas, a través del examen del fundamento y
significado de la Directiva, las medidas de intervención y
simplificación administrativa, la Administración electrónica, los
Colegios Profesionales y la Administración Local. En la segunda, se
examina el impacto de la Directiva en diversos ámbitos como el
comercio, el tráfico jurídico externo, el arrendamiento de vehículos
con conductor, la contratación pública, el medio ambiente y el
turismo.

En definitiva, esta crucial norma comunitaria no es un punto de
llegada, sino que ha supuesto un punto de inflexión en el proceso de
europeización del Derecho administrativo, abriendo nuevos escenarios y
nuevas situaciones sobre las que habrá que estar pendiente en los
próximos años. La implantación de un verdadero mercado interior de
servicios, que sea próximo a las necesidades de las empresas y de los
ciudadanos, es una responsabilidad compartida, cuyo éxito dependerá
del compromiso de todas las instituciones y de todos los interesados
involucra