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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La crisis económico-financiera y la política de contención del gasto
público están dejando una profunda huella en la contratación pública
(sector que representa, aproximadamente, el 20% del PIB de la Unión
Europea). Aunque las cifras globales están sin cuantificar, algunos
datos parciales resultan significativos. Sólo las licitaciones de
obras públicas convocadas por el Ministerio de Fomento se han reducido
en un porcentaje superior al 70% con respecto al periodo inmediato
anterior al inicio de la crisis. Pero el efecto más significativo no
es sólo la reducción de licitaciones, sino también un severo ajuste de
los precios por parte de las entidades contratantes, lo que obliga a
los contratistas a ofertar a precios cada vez más bajos, con grave
riesgo para el cumplimiento de las estipulaciones pactadas. Al mismo
tiempo, tiene lugar un mayor recurso a los medios propios que sustraen
prestaciones de bienes y servicios de la contratación pública, en
detrimento de un mercado más competitivo. Estas y otras situaciones
generadas por la crisis han dado lugar a sucesivas reformas de la
legislación de contratos (dieciséis en tan sólo cuatro años). Pese a
ello, las soluciones adoptadas, en ocasiones, contrastan con la
normativa de la UE, que tiene como objetivos principales potenciar el
mercado único, garantizar la competencia, promover la optimización de
recursos y fomentar la contratación estratégica, poniendo especial
énfasis en los criterios ambientales y sociales.
La obra que el lector tiene en sus manos ofrece, en doce capítulos, un
análisis exhaustivo de los principales problemas de la contratación
pública desde la perspectiva que proporciona la prolongada situación
de crisis económico-financiera; valorando, al mismo tiempo, la
aportación de los Anteproyectos de ley de trasposición de las
Directivas de 2014 y las soluciones que ofrece el derecho comparado
italiano y francés. Es una obra pensada para todas las personas
preocupadas por este sector (responsables políticos, funcionarios,
abogados, empresarios e investigadores). Su objetivo no es otro que
contribuir a mejorar el marco regulador de la contratación pública y
su aplicación práctica, en aras de garantizar que siga siendo un motor
de progreso económico y social para la colectividad.