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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La expulsión del territorio nacional ha experimentado una
significativa sucesión de reformas, dirigidas en la línea de ampliar
sus posibilidades de aplicación, con el objetivo de convertirla en la
respuesta uniforme para quienes aúnan la doble condición de
extranjeros en situación irregular e infractores penales. El Derecho
en vigor se nos muestra, de ese modo, como el sedimento remanente del
aluvión legislativo de los últimos años, acaecido en dos contextos
normativos: el penal y la extranjería, especialmente sensibles al
populismo a través del que se canalizan los difusos temores colectivos
a la criminalidad y a una inmigración incontrolada percibidas como
amenazas, y las consiguientes demandas de seguridad, atendidas con un
enfoque economicista de gestión de riesgos y que da paso al diseño de
consecuencias jurídico penales regidas con criterios actuariales,
extraños a los principios clásicos de individualización de la
responsabilidad penal.
En este trabajo se aborda el estudio del panorama de las distintas
modalidades de expulsión, penales y administrativas, con incidencia
directa o indirecta en el ejercicio del ius puniendi. Panorama, que
queda fijado, con renovado perfil, en la LO 5/2010, y en el ámbito
administrativo, por la LO 2/2009. Para profundizar en la
caracterización de las instituciones resultantes se ha contado con un
considerable acervo bibliográfico y jurisprudencial, con el objetivo
de incorporar al trabajo tanto el amplio debate doctrinal que la
materia ha suscitado en los últimos años, como las tendencias más
actualizadas en la práctica aplicativa. Entre los aspectos concretos,
hay que destacar el modo en el que la caracterización de los tipos de
expulsión contenidos en el artículo 89 del CP, y definidos legalmente
como sustitutivos del cumplimiento (íntegro o parcial) de penas de
privativas de libertad, así como la expulsión «medida de seguridad»
del art. 108, se debate entre su diseño legal originalmente previsto
como una facultad para el órgano jurisdiccional y una marcada
tendencia hacia la imperatividad en las reformas posteriores, en una
vacilante trayectoria legislativa que deja la visión de un conjunto
final poco coherente en algunos aspectos.