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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


El presente libro tiene por objeto analizar la manera en que la
institución del despido colectivo es contemplada, acogida y tratada
por una legislación concursal moderna que se inicia con la L. 22/2003.
En nuestro Derecho del Trabajo, la figura está fundamentalmente
regulada en el Estatuto de los Trabajadores de 1995, art. 51: un
despido es colectivo cuando afecta a un número sensible de
trabajadores y tiene por causa la situación de dificultad económica de
la empresa. Como en los otros países de la Unión Europea, la
regulación española se somete al derecho comunitario, en concreto, las
Directivas sobre despidos colectivos (1975, 1992, 1998), donde el
proyecto empresarial se sujeta a un procedimiento garantista
consistente: en una consulta o negociación del empresario con los
representantes de los trabajadores, con la finalidad de llegar a un
acuerdo; y en una obligada comunicación del proyecto a la
Administración laboral. La particularidad española radicó hasta hace
poco en que la realización de los despidos por el empresario estaba
precisada de una previa autorización o permiso de esa Administración.
Para el plano de la insolvencia formalizada, el propio art. 51.10 del
ET 1995 instauró un sistema muy liberal, al disponer que, en caso de
quiebra, los síndicos pudieran acordar la no continuidad de la
actividad empresarial y el despido de los trabajadores sin esa previa
autorización administrativa. La moderna Ley Concursal de 2003 cambió
radicalmente de orientación y adoptó unas directrices más protectoras
para el trabajador: declarado el concurso, un despido colectivo
precisa la previa intervención de una autoridad, que ya no será la
Administración laboral, sino el propio Juez del concurso quien,
además, no autoriza meramente el despido, sino que, a petición de
parte legitimada, lo acuerda él mismo. El art. 8.2 de la LC 2003
atribuye al Juez mercantil competencia exclusiva y excluyente para
enjuiciar las acciones sociales que tengan por objeto ?la extinción,
modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en
que sea empleador el concursado?; y diseña un procedimiento para
sustanciar esta titularidad competencial, que se ubica en el art. 64 y
se inspira en la regulación laboral de los expedientes de regulación
de empleo y en la normativa comunitaria. Todo ello con una importante
prevención dirigida al Juez mercantil: ?en el enjuiciamiento de estas
materias?, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la
ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral?.
Esta es la razón por la que en el presente estudio se tiene en
cuenta la legislación laboral sobre despido colectivo, y precisamente
la más reciente, en un momento de cambios legislativos tan frecuentes.
De ahí que la obra se halle completamente actualizada y dé cuenta del
RDLey 3/2012, de 10 marzo, que se caracteriza por un importante
novedad frente a la legislación anterior: que elimina la autorización
administrativa previa para los despidos colectivos; también, de la
Orden ESS/487/2012, de 8 marzo, por la que el Ministerio de Empleo
establece la vigencia transitoria de determinados artículos del RD
801/2011, que acompañaba, en materia de procedimiento, a la hoy
derogada L. 13/2010; igualmente, del V Acuerdo sobre solución autónoma
de conflictos laborales (BOE 12 febrero 2012), de aplicación en
procedimientos de mediación o arbitraje utilizados durante el periodo
de consultas, dentro de los llamados EREs concursales; también,
finalmente, se da cuenta de la reciente L. 36/2011, reguladora de la
jurisdicción social, donde se ofrece un nuevo cauce para las
impugnaciones, colectivas o individuales, de un acuerdo empresarial de
extinción colectiva. En el plano concursal, se analiza, junto a la
inicial LC 22/2003, el RDley 3/2009, que introdujo algunas
modificaciones de interés, y sobre todo, la L. 38/2011, de 10 de
octubre, de reforma concursal, que comenzó su vigencia en 1 enero
2012. Aparte otros extremos de importancia, como los relativos a la
refinanciación del concursado, la ley concursal novísima ha modificado
profundamente el art. 64 LC, y se han visto afectados varios aspectos
del procedimiento donde se puede acordar el despido colectivo de
trabajadores del concursado; lo que se ha hecho con inspiración
directa y literal en la L. 35/2010, sobre reforma del mercado laboral,
últimamente derogada, sin embargo, por el RDLey 3/2012, donde se
introducen principios opuestos o diferentes: desaparece la
autorización administrativa previa; se simplifica enormemente el
concepto de causas económicas, en sentido amplio, del despido, hasta
no ser ya necesaria a la anterior finalidad de contribuir a la
viabilidad de la empresa; deja de existir el llamado plan de
acompañamiento social, etc. Puntos estos últimos que entran en
colisión con la Ley Concursal, donde el despido colectivo fue
concebido con las finalidades y con el acompañamiento propio de la L.
35/2010; circunstancia que exigirá una cuidadosa interpretación y
aplicación del intocado art. 64 LC.
El presente estudio se inspira en los aspectos dogmáticos de las
instituciones laborales y concursales que examina. Pero se orienta
principalmente hacia las cuestiones prácticas que la actual y variada
casuística concursal/laboral presenta, manifestada en resoluciones de
los Juzgados mercantiles, en las sentencias que en suplicación dictan
las Salas de lo social de los TSJ, más la actitud de los Juzgados
sociales, cuando enjuician, sin serios criterios de coordinación con
el proceso concursal, las acciones extintivas deducidas por los
trabajadores, con el fin principal de obtener una mayor indemnización
por su salida de la empresa. Estamos, por ello, ante una obra de muy
útil manejo por los diversos profesionales que participan en un
concurso de acreedores: jueces mercantiles y sociales, abogados,
graduados sociales, administradores concursales, economistas, etc.
Incluso los estudiantes de las diversas ramas afectadas pueden
aprovecharse de las explicaciones que se proporcio