Saltar al contenido

Ficha del libro

portada del libro

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


En los últimos dos años el fenómeno de las redes sociales se ha
consolidado como una realidad social cotidiana y con ello el conjunto
de problemas jurídicos que comporta. En esta evolución pueden
apuntarse varios elementos significativos. Desde un punto de vista
puramente estadístico es obvio que se trata de un fenómeno de masas
que se ha extendido a toda la población. Además la amplia oferta de
servicios permite al usuario tomar decisiones atendiendo a su edad
(Habbo, FiZZiKid, Tuenti, Google +, o Facebook), a sus aficiones
(Bottletalk, Fotolog, Flickr, Mis Recetas), a cuestiones profesionales
(Linkedin) o al ejercicio de la libertad de expresión (Twitter).Al
mismo tiempo que crecía la oferta de redes y el número de usuarios se
ha producido el desembarco en las redes de medios de comunicación,
empresas e incluso administraciones públicas. Los objetivos que
persiguen las corporaciones en este ámbito son del más variado signo.
Parece que el motor principal de esta presencia viene de la mano de
programas de calidad, atención y fidelización del cliente. De algún
modo empresa, marca y producto se acercan a la vía pública y conversan
con el consumidor, le escuchan y tienen en cuenta sus preferencias.
Además, en el último periodo ha comenzado a experimentarse con modelos
de venta online que arrancan sus procesos en una red social
ofreciendo algún tipo de singularización tanto al canal como al
cliente que lo usa. Por otra parte, los medios de comunicación
integran al espectador en la noticia y lo convierten en parte activa
como tertuliano de 140 caracteres, entrevistador en chats en directo e
incluso en fuente de primera mano que proporciona imágenes y opinión
en tiempo real desde el corazón de la noticia. En el plano de las
administraciones públicas -y también de la comunicación política-, las
redes sociales y singularmente Twitter, constituyen de una parte un
enorme tablón de anuncios pero también una potente herramienta al
servicio del debate público y experiencias de democracia directa. Esta
profundización en el fenómeno ha ido acompañada de una paralelo
interés jurídico por esta realidad. ¿Qué norma resulta aplicable? ¿Qué
tribunal es competente para dirimir los conflictos? La respuesta a
esta pregunta, por ejemplo en caso de vulneración del derecho a la
protección de datos por el uso de redes sociales, pone de manifiesto
la necesidad de una armonización normativa de los diferentes países y
una reconstrucción del Derecho internacional privado, donde los
conceptos de soberanía y territorialidad no tienen cabida. Pero no es
ésta la única cuestión aunque sí probablemente la principal. La
determinación de las obligaciones de los sujetos que proveen servicios
de redes sociales y de los que interactúan en ellos, las condiciones
de uso y acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la garantía de
la vida privada o de la propiedad intelectual, o la salvaguarda de los
derechos de los menores siguen ocupando y preocupando a los
operadores jurídicos.Por último asistimos a la revolución del mundo
publicitario con la llamada publicidad comportamental. La regulación
de esta materia ha supuesto la incorporación al derecho español de la
regulación europea sobre cookies con una nueva redacción al artículo
22.2 LSSICE. Sin perder de vista adicionalmente diversos dictámenes
del Grupo del Artículo 29, así y las últimas novedades en el
desarrollo del protocolo Do Not Track en el seno del W3C.Por todo
ello, el lector tiene en sus manos una obra de plena actualidad que
además de actualizar los contenidos de capítulos presentes en la
primera edición ofrece al lector nuevos contenidos que abordan
problemas actuales de la compleja relación entre el Derecho y las
redes sociales.