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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La moderna Justicia juvenil ha de estar basada en sólidos principios
garantistas y socialmente relevantes para la protección del menor, en
conseguir que la judicialización de conductas cometidas por estos
sujetos sena las mínimas posibles, en intensificar, por el contrario,
las previsiones educativas y resocializadoras, en lograr disminuir al
máximo el número de delitos cometidos por aquéllos, y en conseguirlo
no a través de la presión del retribucionismo preventivo general sino
de políticas sociales, económicas, igualitarias, culturales y
educativas propias de un verdadero Estado del bienestar, para todos,
con su dimensión de social y democrático de Derecho. Tanto la Ley
chilena sobre responsabilidad penal del adolescente por infracciones a
la Ley penal como la Ley española reguladora de la responsabilidad
penal de los menores se esfuerzan, al meno formalmente, en conseguir
algunos de estos objetivos, muchos otros quedan fuera del marco
legislativo penal para convertirse en actuaciones de política social a
tomar por los gobiernos de turno

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