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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, aúna como pocos proyectos legislativos una visión antagónica
de una realidad que es vital para la sociedad y economía española.
Esta antítesis no es nueva.
El contenido básico de la reforma se sustenta en tres apartados:
protección del litoral, incremento de la seguridad jurídica de todas
las personas y empresas afectadas, conciliación de las diversas
actividades que concurren en el litoral. Sin embargo, la modificación
legislativa suscitada implica, al menos, la necesidad de abordar
numerosos aspectos que resultan capitales. La protección de la costa,
la seguridad jurídica, la servidumbre de protección, el deslinde, la
protección medioambiental de determinados ecosistemas, con una
especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados, la
ampliación de las concesiones a 75 años, el rescate o expropiación de
los derechos concesionales, la exclusión del dominio público marítimo
terrestre de núcleos con independencia de que la ocupación sea con
título o sin él, legales o ilegales, la suspensión gubernativa de
actos y acuerdos adoptados por las entidades locales, el régimen
jurídico de determinadas playas, chiringuitos y adscripciones, y el
interés especulativo de un entorno muy sensible, capitalizan el
interés jurídico, económico y social.