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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


El auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2011
ha supuesto una verdadera revolución en materia de tasación de las
costas procesales. La absoluta relativización de los baremos de
honorarios profesionales y del criterio de la cuantía del
procedimiento, como consolidados cimientos de la actual práctica
tasadora, ha situado en el juicio valorativo del secretario judicial
el verdadero epicentro de esta actividad que, condicionada por la
justificada minuta del abogado y sujeta a la posibilidad revisora del
juez, ha recuperado gran parte de su significado primigenio de
«estimación del valor de un bien o servicio». Con esta resolución
nuestro Alto Tribunal se acerca al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que aborda sus decisiones en la materia en un entorno
completamente desprovisto de baremos y aranceles, lo que
necesariamente nos lleva a contemplar un marco comparado, normativo y
jurisprudencial, que habrá de servir de estímulo a las necesarias
transformaciones que nuestro Derecho y su práctica demandan.