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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Hasta la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
nuestro ordenamiento jurídico no contenía una regulación específica
sobre la relación entre el concurso de acreedores y el arbitraje.
Actualmente, la Ley Concursal consagra a la citada relación sus
artículos 52, «De los procedimientos arbitrales», 53, «Sentencias y
laudos firmes», y 86, «Reconocimiento de créditos», y su disposición
final trigésimo primera, de «Reforma de la Ley de Defensa de
Consumidores y Usuarios». El primero de ellos ha sido profundamente
reformado por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley de
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado. A lo largo de los citados preceptos
se regulan los efectos de la declaración de concurso de acreedores
sobre los convenios y procedimientos arbitrales, previendo ciertas
especialidades en relación con el arbitraje de consumo, y la
incidencia del laudo en el concurso, dándose, asimismo, carta de
naturaleza a una acción de impugnación de convenios y procedimientos
arbitrales fraudulentos. El presente trabajo está dedicado al análisis
de los problemas procesales provocados por el encuentro de estas dos
instituciones de naturaleza tan diversa. El incremento del número de
concursos de acreedores en los últimos años, sumado al impulso de los
medios heterocompositivos de resolución de conflictos alternativos al
proceso, hacen del tema elegido de especial interés y actualidad.