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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


El tratamiento del delincuente peligroso ha sido sin lugar a dudas uno
de los mayores quebraderos de cabeza de la política criminal de los
Estados, hallándose desde largo tiempo atrás inmersos en una búsqueda
incesante de soluciones legislativas óptimas para responder al
problema del peligro de la reiteración delictiva y de soluciones que
deben conjugar dos requisitos de inexcusable cumplimento: de un lado,
garantizar la paz social y los derechos fundamentales de los
ciudadanos, evitando los riesgos derivados de la reiteración delictiva
del delincuente una vez cumplida condena y de otro lado la obediencia
al mandato constitucional previsto en el artículo 25.2 de la
Constitución, orientando las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad a la reinserción y la rehabilitación social del
delincuente; No obstante, es una realidad que no todas las penas
privativas de libertad, con independencia de su duración, finalmente
pueden responder a tal exigencia de reeducación y reinserción social,
prevista en el mencionado artículo de la Constitución. En el presente
libro se aborda las alternativas jurídicas al tratamiento penal de la
delincuencia habitual, analizando las actuales respuestas ofrecidas
por el ordenamiento jurídico frente al problema de la delincuencia
habitual: Las medidas de seguridad postdelictuales, centrando el
estudio en la libertad vigilada y la necesidad de desarrollo legal en
mejoras técnicas para su efectiva aplicación, así como las respuestas
ofrecidas por el derecho comparado y por último la posible
implantación en nuestro ordenamiento jurídico de la figura de la
prisión permanente revisable, acorde a los principios constitucionales
es decir, imponer la pena de prisión permanente para su cumplimiento
efectivo e íntegro, aunque revisable, cada cierto tiempo atendiendo a
la situación del recluso y su peligrosidad, y en caso de ofrecer un
pronóstico favorable de reinserción, concretar la pena a una duración
determinada, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios
penitenciarios de los que sea merecedor durante el tiempo de duración
de la condena. ¿Conculcaría esta opción los fines resocializadores
previstos en el artículo 25.2 de la C.E, según los presupuestos de su
legítima imposición en un Estado de Derecho?

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