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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


En el delito fiscal confluyen la actuación de la Administración
tributaria y de la Jurisdicción penal. La articulación de esta
confluencia plantea problemas de extraordinaria dificultad teórica y
práctica, que han sido muy mal resueltos en España. El sistema español
de persecución del delito fiscal, todavía vigente, pero,
afortunadamente, ya herido de muerte, se impulsó reglamentariamente,
al margen de la ley, con la pretensión de evitar la inevitable
separación de los procedimientos sancionador y tributario, recibiendo
su definitiva configuración de la jurisprudencia. El resultado es un
sistema en el que el delito fiscal es una suerte de exención
tributaria contra legem, pues los delincuentes fiscales no tienen que
pagar cuota tributaria alguna, sino la responsabilidad civil derivada
del delito. Y en el que la Administración debe paralizarse ante la
defraudación tributaria, pues carece de competencias para su
investigación. Al mismo tiempo, el contribuyente sobre el que pesan
indicios de delito carece de los derechos que deberían corresponder al
preimputado en el procedimiento inspector. Parece evidente que el
delito fiscal no debe suponer privilegios tributarios para el
delincuente, al mismo tiempo que el contribuyente debe disponer de los
derechos que asisten a quien sufre una investigación por la presunta
comisión de un delito. Ello exige que la Administración no se paralice
ante el delito y que se regulen las especialidades procedimentales y
organizativas necesarias para la investigación del delito fiscal, con
sujeción a los principios propios de un Estado de Derecho. La reforma
realizada por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, pone de manifiesto
esta necesidad, al mismo tiempo que la incapacidad del legislador
español para atenderla.