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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


La intensa evolución de las tecnologías de la información y de la
comunicación, principalmente de Internet, en los últimos años ha
supuesto la generalización de su empleo en todos los ámbitos de la
sociedad. La sociedad actual se ha habituado a la utilización de las
nuevas tecnologías en sus actividades cotidianas, convirtiéndose las
mismas en herramientas indispensables para realizar casi cualquier
actividad. Las Administraciones públicas españolas se han visto
obligadas a adaptar su forma de relacionarse con los administrados,
promoviendo la implantación de un nuevo modelo de administrar: la
Administración pública electrónica.





Estas circunstancias han llevado al legislador español a promulgar,
impulsado por las políticas comunitarias y nacionales desplegadas para
la implantación de la Administración electrónica, una Ley básica y
común que regula de forma unitaria el fenómeno de la aplicación de las
tecnologías de la información y de la comunicación en la actuación
administrativa: la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta Ley ha de considerarse, a
todos los efectos, como la Ley de régimen jurídico de la
Administración electrónica y del procedimiento administrativo
electrónico común, siendo la equivalente electrónica de la Ley
30/1992, reguladora de la actividad administrativa tradicional.





A partir del 1 de enero de 2010, según la Ley 11/2007, se producirá la
entrada en vigor efectiva y plena del derecho de los ciudadanos a
relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas para
la realización de la totalidad de los procedimientos y actuaciones
administrativas. La implantación de la Administración electrónica es
una obligación legal y, en consecuencia, debería materializarse de
inmediato.





El presente trabajo pretende poner de manifiesto las modulaciones que
la utilización de las nuevas tecnologías ha producido en las
Administraciones públicas, profundizando en el análisis jurídico de
los principios rectores de la Administración electrónica y de los
instrumentos necesarios para poder articular el nuevo modelo de
administrar. La tecnología ha penetrado en el régimen jurídico de las
Administraciones públicas y en el procedimiento administrativo común
convirtiendo la Administración presencial en Administración
electrónica.