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Ficha del libro

portada del libro
  • ACTOS DISPOSITIVOS REALIZADOS POR EL APODERADO DEL TITULAR
    REGISTRAL Y EL CONTROL DEL TRACTO SUCESIVO, LOS

  • MENDEZ GONZALEZ, FERNANDO P.
  • CIVITAS
  • 2011
  • 01 ed.
  • Colección: MONOGRAFIAS CIVITAS

  • ISBN: 978-84-470-3819-0
  • EAN: 9788447038190

  • 254 páginas
  • RUSTICA

  • TEMA: DERECHO CIVIL


  • No disponible.
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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Este libro versa sobre un tema que ha despertado una notable
litigiosidad, cual es la interpretación del artículo 98 de la Ley
24/2001, modificado posteriormente por la Ley 24/2005.
La mala calidad técnica del precepto, la posibilidad de diferentes
interpretaciones gramaticales del mismo y los intereses corporativos
en juego son circunstancias que han estimulado la polémica, si bien, y
eso es lo grave, con olvido de los importantes intereses públicos
implicados, cuya adecuada satisfacción debe guiar no solo toda acción
legislativa sino también toda hermenéutica jurídica. Las instituciones
existen para facilitar la cooperación y el intercambio mediante la
protección de la confianza, por lo que son especialmente necesarias en
un mundo caracterizado por la contratación impersonal.
Por ello, cuando una norma admite varias interpretaciones
gramaticales, debe optarse por aquella que protege en mayor medida la
confianza y, con ello, facilita la cooperación y el intercambio, bases
de la prosperidad y del bienestar. En otros términos, debe optarse
por aquella que en mayor medida favorezca los intereses legítimos del
mayor número posible de ciudadanos.
El Derecho de la seguridad del tráfico jurídico surge históricamente
debido a las insuficiencias del Derecho común para favorecer la
cooperación en un entorno de contratación impersonal. El Registro de
derechos es la institución estatal que vertebra el Derecho de la
seguridad del tráfico jurídico en el ámbito inmobiliario. Implica una
intervención directa del Estado en el sistema transmisivo, y, como
consecuencia, los iura in rem inmobiliarios son, simultáneamente, más
seguros y más líquidos y, por tanto, más valiosos.
Ello requiere que (1) el Estado, a través del Registro, supervise si
el adquirente negocial que pretende ser reconocido como dueño por el
Estado mediante la inscripción, ha cumplido con las normas que rigen
el proceso adquisitivo y, (2) además, que, si el adquirente negocial
obtiene la inscripción, pierda la acción reivindicatoria en relación a
terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe que obtengan la
inscripción de su adquisición, lo que exige, en contrapartida, el
reforzamiento de los mecanismos institucionales de protección ex ante
del ius disponendi del titular registral.
El éxito en la satisfacción de ambas exigencias es imprescindible para
la supervivencia del Derecho de la seguridad del tráfico jurídico en
el ámbito inmobiliario y, con ella, la superación del trade off entre
seguridad y liquidez de los iura in rem inmobiliarios en un entorno de
contratación impersonal.
El artículo 98 de la Ley 24/2001 debe ser interpretado conforme a
estas exigencias institucionales, lo que exige que se opte, de entre
sus posibles significados gramaticales, por el que mejor se adapte a
su sentido instituciona

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