De entre todos los tipos de bibliotecas existentes, las bibliotecas
públicas son las que contribuyen de manera más eficaz a hacer
efectivos ciertos derechos que la Constitución reconoce a los
ciudadanos: el derecho a recibir libremente información veraz
[artículo 20.1.d)], el derecho a la educación (artículo 27.1) y el
derecho de acceso a la cultura (artículo 44.1). Del ejercicio real de
estos derechos por parte de los ciudadanos, y no de un reconocimiento
meramente formal, depende que una sociedad se considere verdaderamente
avanzada. No es una casualidad que los países más desarrollados
económica y socialmente dispongan de los mejores sistemas de
bibliotecas públicas del mundo. La creatividad, la innovación y el
conocimiento que cada uno de los individuos que componen una sociedad
puede generar depende de la cantidad y la calidad de la información de
la que dispone.